Ana Cristina Pereiro

La pandemia aceleró procesos de cambio que se venían desarrollando, puso al descubierto falencias estructurales y trastocó el orden de prioridades de la política nacional e internacional.

En el campo de las ciencias, particularmente, el proceso de aceleración produjo resultados que no registran antecedentes en la historia de la humanidad. En un tiempo récord, se genotipificó el nuevo virus, se desarrollaron estrategias terapéuticas y se diseñaron  vacunas, muchas de ellas con novedosas plataformas.  Esto ha sido posible gracias a los avances científicos que se han venido registrando en las últimas décadas pero también a un proceso colaborativo transnacional de gran magnitud.

Probablemente, inspirados en estos resultados, muchos han sembrado esperanzas en que el ritmo y profundidad de las transformaciones, así como sus externalidades positivas permeara en otras instancias como la equidad en el acceso y la universalización de los beneficios producto de ese esfuerzo titánico de la ciencia.

Bajo estas expectativas probablemente, se enmarca el pedido reiterado de muchos países de considerar a las  vacunas diseñadas para enfrentar  el COVID-19  como bien público global, entendiendo éste como un bien cuya producción requiere del esfuerzo conjunto de todos los estados y de cuyo beneficio nadie puede ser excluido.

Quienes integran los organismos multilaterales responsables de gestionar crisis mundiales como las que genera una pandemia, debieran  lograr originar  acuerdos sobre un cuerpo de valores que prioricen el acceso universal y equitativo de los bienes que la ciencia ha producido para mitigar y prevenir las consecuencias económicas, sociales y sanitarias devastadoras de una pandemia y  promover liderazgos políticos capaces de conducir procesos novedosos que marquen un hito  a partir del cual prevalezca el bien común sobre los intereses particulares.

Por el momento los resultados, no han sido los esperados. Lejos de los primeros anuncios que proyectaban a la vacuna como un bien público global, es la lógica de mercado la que finalmente parece, hasta el momento, haberse impuesto.

Las regulaciones de aquellos países productores de vacunas sobre sus empresas, se han limitado a asegurar la provisión nacional haciendo caso omiso al escenario de  escasez global y al  reparto desigual de vacunas  que afectan los mecanismos equitativos de acceso y desfavorecen a los más pobres. El comentario cobra relevancia, teniendo en cuenta que gran parte de los desarrollos de investigación han sido financiados por los gobiernos  a través de fondos públicos donde asientan dichas empresas. Se estima  que las principales empresas farmacéuticas que desarrollan vacunas para el COVID-19 recibieron cerca de 12.000 millones de dólares en fondos públicos para producirlas.

Las empresas productoras han quedado exentas (salvo las restricciones de provisión por fuera del mercado interno) a regulaciones globales en términos de abastecimiento y han empleado todos los mecanismos que el mercado utiliza cuando se trata de bienes escasos de gran demanda y concentración en la producción: venta por anticipado de miles de millones de dosis,  falta de reglas transparentes en la celebración de contratos, clausulas extraordinarias, requerimiento de leyes especiales, entre otras.

A esta situación se suma que hay restricciones ciertas de producción dado que el requerimiento de fabricación a nivel mundial se ha triplicado, poniendo en duda que este año se pueda satisfacer dicha demanda.

No obstante es preciso destacar que la afectación de dicha restricción no es uniforme. Nueve de cada 10 países pobres no tendrán acceso a la vacuna este año.

Frente  a esta situación, se han elaborado diversas iniciativas tendientes a ampliar el acceso:

• Mecanismo COVAX, codirigida por la Alianza Gavi para las Vacunas, la Coalición para la Promoción de Innovaciones en pro de la Preparación ante Epidemias (CEPI) y la OMS, donde participan más de 180 países. Su  objetivo es lograr un acceso equitativo mundial a las vacunas  de los  países en desarrollo. Hasta el 14 de marzo, se habían enviado solo 38 millones de dosis a 100 países.
• Solicitud ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) de exención temporaria de los derechos de propiedad intelectual para los medicamentos y productos sanitarios durante la pandemia  impulsada por India y Sudáfrica.  Contó con el apoyo de los países en desarrollo pero no prosperó.  El miércoles 10 de marzo pasado se celebró un nuevo encuentro en Ginebra sin avances sobre el tema.
• Acceso Mancomunado a Tecnología contra la COVID-19 (C-TAP). Impulsada por el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado. La propuesta es hacer público el conocimiento, la propiedad intelectual y la información relacionada con las tecnologías sanitarias contra la COVID-19. Si bien fue apoyada por 37 países, incluida la Argentina, no prosperó.

Como vemos los avances no han sido muchos. Los mismos mecanismos políticos y económicos pre-pandemia han persistido durante la misma y no se han observado hasta la fecha cambios sustantivos que permitan la construcción de un nuevo modo de administrar las prioridades mundiales para satisfacer las demandas de la salud global, lo cual conlleva una nueva amenaza: la epidemia puede hacerse endémica en los países sin vacuna, generando reservorios de virus con capacidad de mutar en variantes más agresivas y diseminarse con afectación diversa sobre la efectividad de las vacunas disponibles.

Todo lo anterior, llama también a pensar la necesidad de fortalecer el rol de rectoría de los organismos internacionales y dotarlos de las herramientas estratégicas que permitan ante un nuevo escenario de crisis sanitaria global actuar de manera rápida y eficaz.  También a la necesidad de construir nuevos liderazgos que permitan administrar  las prioridades de la salud global y brindar respuestas acordes a los requerimientos a los  que estos desafíos nos enfrentan, así como a  replantear la necesidad de diversificar la producción de insumos estratégicos, como por ejemplo los equipos de protección personal y el rol central que le cabe al desarrollo de la ciencia y la tecnología en el contexto nacional, regional y mundial.

A un año de la pandemia que ha causado más 2,8 millones de muertes, y que ha afectado a más de 132 millones de personas a nivel mundial de manera directa por la enfermedad  y a cientos de millones por sus negativas consecuencias sobre la calidad de vida,  los ingresos o  el agravamiento de sus condiciones de vulnerabilidad, aun no se observa la implementación de medidas que permitan favorecer el acceso equitativo y universal  de los bienes que la ciencia ha desarrollado y en estas condiciones sabemos que es imposible aguardar los tiempos que normalmente demandan estos procesos.

Necesitamos que la política  genere propuestas superadoras y acuerdos novedosos  que den al mundo la oportunidad de obtener los alcances de la ciencia de manera universal y equitativa. Es nuestro compromiso y nuestro deber.

Ana Cristina Pereiro, 2021